23 de enero de 2010

El próximo lunes 25 de enero de 2010 inicia formalmente el debate sobre la reforma política del Estado mexicano. La discusión está entrampada en el regateo sobre las facultades de dos poderes: el legislativo y el ejecutivo. La clase política ha decidido limitar las resoluciones y las reformas en función de quién tiene el control actual de dichas instancias de representación.

Lo grave es que están aceptando implícitamente que el otro poder, el poder fáctico, no se habrá de tocar. El resultado de las nuevas reformas puede ser intrascendente por el hecho de que, al final de cuentas, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial continuarán capturados por el enorme poder que ejercen los cárteles económicos y políticos.

Debe quedar claro que no podrán darse las transformaciones estructurales que demanda con urgencia el país sólo sobre la base de discutir la propuesta presidencial o la simple disputa para ver únicamente el incremento de facultades de los que tienen, por el momento, el control mayoritario del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal.

Para que las reformas sean trascendentales los poderes fácticos deben ser sometidos a grandes controles institucionales y nuevas regulaciones que eleven las sanciones. Estos poderes operan como cárteles en materia económica, política y sindical.

En la situación actual, el acoso a la población y a las instituciones mexicanas no sólo proviene de los cárteles del narcotráfico. El enorme daño también lo están provocando los cárteles que operan como empresas monopólicas y los oligopolios, las burocracias de los grandes sindicatos, de las empresas e instituciones públicas y las oligarquías partidarias. Son poderes sin controles y son ellos quienes ejercen, permanentemente, el sometimiento y el grosero desafío a los legisladores y al Presidente de la República, y la colonización de instituciones y políticas públicas.

El movimiento CONSUMIDORES le demanda a la clase política el rompimiento inmediato de los viejos y peligrosos vínculos con dichos cárteles para poder emprender la reconstrucción democrática de las instituciones y de la vida política de nuestro país.

Así como se ha declarado la guerra a los cárteles del crimen organizado, también demandamos que el acto inaugural de los debates sobre la reforma del Estado se convierta en el evento nacional que declare la guerra a los cárteles económicos, políticos y sindicales.

En realidad, lo que estamos demandando es la aprobación de nuevas disposiciones legales y constitucionales que son absolutamente normales y están vigentes en todos los países democráticos, y frente a los cuales México muestra retrasos inaceptables por el daño tan profundo que están provocando en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de nuestro país.

Las transformaciones que el movimiento CONSUMIDORES está demandando no son exigencias nuevas. Sólo pretenden darle fuerza a la decisión de suprimir privilegios y someter a los privilegiados de siempre al imperio de la ley y al control de la democracia.

Muchas iniciativas transformadoras han sido abandonadas en la congeladora de las Cámaras de Diputados o Senadores. Los líderes parlamentarios se han llenado de terror ante el posible enojo del poder fáctico.

Para el movimiento CONSUMIDORES se requiere poner en el debate nacional los siguientes puntos:
 

1. LUCHA CONTRA LOS MONOPOLIOS.

Lo inmediato es la reforma de la Ley Federal de Competencia con el propósito de castigar las prácticas monopólicas que están destruyendo el desarrollo de la economía nacional y lleva a que los consumidores transfieran volúmenes millonarios de recursos a las arcas de las grandes empresas que imponen sobreprecios. Lo importante es la reforma para elevar multas, establecer penas de prisión, obligar a la desconcentración de empresas, así como elevar las facultades de revisión, supervisión, y lograr el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia.
 

2. CONQUISTAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

El Congreso de la Unión debe de resolver de inmediato la Reforma del Art. 17 de la Constitución y la aprobación de la ley secundaria para establecer en el país el ejercicio pleno de las acciones y la defensa colectiva de los consumidores mexicanos. El abuso permanente y descarado que están cometiendo los grandes consorcios económicos puede erradicarse bajo la acción de la demanda y el amparo de una colectividad de agraviados.
 

3. LA REGENERACIÓN DE LA VIDA SINDICAL.

En realidad lo que se está pidiendo es demasiado sencillo. Primero: La prohibición para que las autoridades y los Consejos de Administración de Pemex, SEP, CFE, IMSS, etc., retengan los recursos correspondientes a las cuotas sindicales y realicen la entrega a las directivas sindicales. Lo que se pretende es que el trabajador de manera directa le haga entrega de la cuota correspondiente a la tesorería o dirigencia sindical. Segundo: Reformar la Ley Federal de Transparencia para que todos los ciudadanos estén informados de los recursos que las empresas e instituciones públicas transfieren a los dirigentes sindicales. Tercero: Establecer el método de elecciones universales, directas y secretas para nombrar autoridades sindicales.
 

4. CONTROLAR CABILDEROS.

Las Cámaras del Congreso de la Unión deben establecer las reformas para poner el control de la actividad de cabildeo que realizan los representantes de intereses económicos y empresariales, además de establecer los castigos económicos y penales al que reciba y otorgue sobornos a cambio de cambios legislativos o resoluciones del Congreso.
 

5. DEMOCRATIZAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Ha llegado el momento de lanzar la gran reforma para el fortalecimiento y democratización de los partidos políticos. Nuestro país requiere con urgencia la promulgación de una LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, para garantizar la fiscalización ciudadana, la transparencia y probidad en el financiamiento, la realización de elecciones limpias y democráticas para nombrar candidatos y autoridades partidistas, la independencia de los gobiernos, la existencia de una afiliación libre y voluntaria y el padrón confiable.

El gran tema es la necesidad de contar con partidos políticos que en verdad sean instituciones democráticas relevantes, debilitar el enorme poder y la discrecionalidad que hoy acumulan las oligarquías partidarias, elevar los derechos y la acción de los afiliados, y suprimir la informalidad de los grupos internos que operan al interior de los partidos sin ninguna regulación y con enorme poder.

Lo que demanda el movimiento CONSUMIDORES son cosas tan elementales para el funcionamiento democrático del país. Lo único que se requiere es una decisión expresa de la clase política para luchar contra los privilegios.

CONSUMIDORES quiere levantar, sin distingo partidario, un gran movimiento reformista que unifique todas las voces y esfuerzos para cambiar verdaderamente a México.

El debate no sólo es a cuál de los poderes (las Cámaras o el presidente) se les da mayores facultades. El problema central es destruir al otro poder existente en México: el poder fáctico.

CONSUMIDORES

Por la defensa de los derechos del consumidor y contra los monopolios